La Okupación se ha propagado como la pólvora en nuestro país en los últimos años. La burbuja inmobiliaria ha contribuido a estimular la aparición de este fenómeno.

Grupos organizados

Grupos organizados han convertido algunos bloques de viviendas en auténticos guetos okupas. Ellos ponen las reglas, abren los pisos, que casi siempre están vacíos, y, en muchos casos, cobran un arrendamiento a los residentes de las casas asaltadas. La convivencia con los vecinos se hace insostenible.
Barcelona, Madrid, Sevilla, son algunas de las fortificaciones okupas más problemáticas. Cuando los okupas ya están dentro del piso, el dueño sufrirá un auténtico calvario para desalojarles por la vía legal.

Estadísticas Ocupación

La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un negocio demasiado bueno y fácil para las mafias y, por eso, el número de usurpaciones no deja de crecer. El último dato del que dispone la Secretaría de Estado de Seguridad corresponde a 2017, cuando se registró la cifra más alta de los últimos cinco años: 10.619 ocupaciones ilegales denunciadas o investigadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se trata de un 5,8% más que el año anterior (9.998). Cataluña (4.123) y la Comunidad de Madrid (1.466) fueron las regiones más castigadas. Y, por ciudades, fue Barcelona, con 3.072 denuncias, según el Ministerio de Interior.
La ocupación de viviendas sigue siendo un grave problema que afecta sobre todo a las grandes ciudades y a las zonas costeras, donde muchas de las casas son segundas viviendas que se encuentran vacías la mayor parte del año. Un problema que, según a quien consultemos, parece que remite o que se agrava.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado, el delito de usurpación de la vivienda ha descendido un 64% desde 2015. La disminución en 2017 fue de casi un 20 % en las incoaciones (la apertura del caso tras la denuncia) y más del 70 % en las calificaciones (los casos que siguen adelante y que no se han archivado), con respecto a 2016.
La diferencia entre los procedimientos iniciales y los que prosperan estriba, según la memoria de Fiscalía de 2018, en que muchos casos se dan en las zonas costeras, donde en su mayoría se trata de segundas viviendas en las que las familias que ocupan «desalojan la vivienda tan pronto como se realiza el requerimiento judicial».